La continua lucha de un pueblo latinoamericano
Cristóbal Colón llegó a las costas hondureñas en julio de 1502, en lo que fue su cuarto y último viaje hacia las Indias. Al bajar de los barcos, los invasores europeos dieron gracias a Dios por salir del convulsionado mar Caribe. Tierra adentro, en el corazón de las sierras, los habitantes del territorio jamás imaginaron las consecuencias que les depararía el reciente arribo de los extranjeros a sus costas.
En 1523 comenzó la conquista con Gil González Dávila al frente del emprendimiento. Al año siguiente, cuatro expediciones españolas invadieron Honduras reclamando como suyo el territorio. Las luchas atrajeron la mirada de Hernán Cortés, que se encontraba en México y, más tarde, el oro y la plata que poseía el territorio, cautivó la avaricia de nuevos colonizadores, acontecimiento que se tradujo en un mayor maltrato hacia los nativos, trabajadores esclavos de los intereses extranjeros.
Demás está decir, que la llegada de los españoles significó el comienzo de un inconcebible derramamiento de sangre para el pueblo latinoamericano y la dilapidación de las riquezas, que eran transferidas sin más por los conquistadores hacia sus lugares de origen.
Pero el objetivo de los invasores se vio momentáneamente frustrado. Un cacique de origen Lenca dirigió la rebelión de treinta mil hombres y 200 pueblos dispuestos a ofrecer su vida antes de ceder al poderío español. Este líder era Lempira, Señor de la Sierra.
Los españoles, al evidenciar el levantamiento aborigen, comenzaron con los encarnizados enfrentamientos en una guerra que se prolongó durante un año.
Lempira falleció, en una situación que aún no está esclarecida. Una versión cuenta que fue muerto por traición y, la otra, afirma que fue en combate cuerpo a cuerpo con el conquistador español Rodrigo Ruíz lo que lo llevó al deceso. De lo que no cabe duda, es que Lempira quedó en la memoria del pueblo hondureño como el primer héroe defensor de la soberanía nacional.
El último 28 de junio, Honduras sufrió un nuevo atentado contra la democracia que tanto le costó obtener. Manuel Zelaya fue separado de su genuina presidencia por un golpe cívico-militar que colocó en su reemplazo al, hasta ese momento presidente del Congreso, Roberto Micheletti (Ver apartado).
Lo más interesante de este trágico acontecimiento, es que el pueblo hondureño —aquel que soportó que a su país lo llamen “bananero” o que no existía para muchos hasta después del golpe—, no se quedó de brazos cruzados y salió a pedir justicia y la restitución de su presidente; es decir, ni más ni menos que la restitución de sus derechos como sociedad democrática.
Una vez más, es la comunidad la que se arma de coraje para enfrentar a los invasores, a los conquistadores del poder que sin reparos se enarbolan bajo los conceptos de legalidad y verdad, para resguardar sus posesiones e intereses, que se vieron amenazadas por un gobierno que redujo los niveles de desigualdad en un país en el que el 90 por ciento de la riqueza nacional es monopolizada por un pequeño grupo de familias.
Ese pueblo, el que está en la calle hace casi tres meses; el que resiste represión y agresión por parte de gobierno ilegítimo de Micheletti; el que escucha verdades a medias o simplemente mentiras por parte de los medios de comunicación aliados al gobierno inconstitucional; ese pueblo es el que remite a la lucha de los aborígenes del siglo XVI que enfrentaron en clara desigualdad a aquellos, que por la fuerza, intentaron imponerles sus reglas y llevarse sus riquezas. Ese pueblo es el que se animó a decirle “no” a los abusos de los poderosos; el que reclama que se respete sus derechos que van más allá de un “Manuel Zelaya”; el que pide que se respete su voluntad, la de la mayoría, la de los hondureños como soberanos. Ese pueblo es Lempira.
Apartado
Motivo de la remoción
Manuel Zelaya fue destituido de su legítimo cargo de Presidente de la República de Honduras, por un grupo de militares armados que aludieron que la intención del mandatario —poner una cuarta urna en las elecciones del 28 junio para preguntarle al pueblo si convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para una futura reforma de la Constitución— era totalmente ilegal. Los autores de la destitución argumentaron que la consulta fue desautorizada por la Corte Suprema con acuerdo del Parlamento, por considerar que el propósito de Zelaya, en última instancia, era reformar la Constitución vigente para poder ser reelegido. El presidente continuó con los comicios entendiendo que, dado el carácter no vinculante de la consulta, no violaba ninguna ley. Pero no opinaron lo mismo el Congreso, el Tribunal Supremo de Justicia, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas, es decir, los sectores minoritarios de gran poder en el país, autores materiales e intelectuales del golpe. Me pregunto entonces, ¿es inconstitucional hacerle una pregunta al pueblo, cualquiera que ella sea? Y si lo fuera por aquellas desventuras legislativas, ¿justificaría un Golpe de Estado? Yo estoy segura y afirmo rotundamente que ¡no!
